El operador público francés SNCF ha anunciado que la puesta en marcha de sus servicios de alta velocidad en Italia quedará pospuesta hasta 2028. La demora afecta a los corredores Turín-Roma y Turín-Milán-Vénecia, donde la empresa había obtenido la concesión para usar trenes de Alstom. Según la propia SNCF, la razón es la creciente complejidad de la homologación en territorio italiano, que se ve entorpecida por “nuevas interpretaciones normativas” y por una serie de trabas que, a su juicio, buscan proteger a los operadores locales.
Esta situación reproduce el conflicto que la española Renfe vivió en Francia hace unos años, cuando el proceso de certificación de sus trenes también se enlenteció. En ambos casos, la burocracia nacional se ha convertido en un obstáculo para la libre competencia en el mercado europeo de alta velocidad. En Italia, actualmente compiten Trenitalia (público) e Italo (privado); mientras tanto, en Francia, Trenitalia logró establecerse en la línea Lyon-París a principios de año.
Repercusiones en la competencia ferroviaria europea
La paralización del proyecto francés tiene consecuencias directas en la estrategia de expansión de Renfe. La compañía española había congelado su desarrollo en Francia, donde opera actualmente las rutas Madrid-Lyon y Barcelona-Marsella, al encontrarse con los mismos obstáculos burocráticos que ahora afligen a la SNCF. En contraste, en la red española ya circulan con normalidad los operadores extranjeros Ouigo (francés) e Iryo (italiano), que aprovechan las líneas de mayor rentabilidad, como la travesía Madrid-Barcelona.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Renfe la obligación de compartir sus talleres de mantenimiento con las compañías foráneas. Ante esta medida, Renfe ha presentado recursos ante la Audiencia Nacional para impedir que Ouigo e Iryo utilicen sus instalaciones. Mientras tanto, Trenitalia ha anunciado planes de inversión para construir sus propios talleres en territorio francés, evitando así futuros conflictos de acceso.
El efecto colateral de esta apertura indiscriminada de vías es la sobrecarga de la infraestructura y la necesidad de mayores inversiones públicas para su conservación, según el ministro de Transportes español, Óscar Puente. Además, los precios de los billetes, que habían descendido gracias a la competencia, comienzan a incrementarse para compensar pérdidas que superan los 250 millones de euros en el conjunto de los operadores españoles.
Manifestaciones estudiantiles y la respuesta de los gobiernos
Paralelamente, Francia e Italia se ven inmersas en una nueva ola de protestas estudiantiles. El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió el pasado viernes a representantes de organizaciones de bachillerato en el Palacio del Elíseo, tras una movilización iniciada hace un mes contra la falta de recursos educativos que se amplió a reclamos sobre el coste de la vida. Los jóvenes exigieron la publicación de “medidas concretas” que se esperan para el lunes 26 de octubre, en una reunión con el primer ministro Sébastien Lecornu.
El sábado 24 de octubre, se han programado marchas en varias ciudades francesas, aunque solo las convocadas por sindicatos cuentan con autorización oficial. En París, la marcha partirá del Palacio de la Bastilla hasta la Plaza de la Nación, mientras el gobierno teme una repetición de los incidentes de fin de semana pasado, donde se registraron incendios en edificios, saqueos de comisarías y enfrentamientos con la Policía.
En Italia, el escenario es similar. CIudadanos de Milán, Roma, Turín, Florencia y Génova se preparan para protestar contra la guerra, el rearme militar y el aumento del costo de la vida, añadiendo demandas de mayor financiación para la educación. Tras los disturbios del 17 de octubre en Milán, que dejaron más de 300 detenidos (80 % menores de edad), la primera ministra Giorgia Meloni anunció un paquete de endurecimiento penal: creación del delito de “participación violenta en una manifestación”, prisión preventiva para menores y una ampliación de las cárceles para acoger a los jóvenes infractores.
El discurso de la derecha y la inmigración
En medio de la crisis social, la derecha y la ultraderecha europea culpan a la inmigración del desorden. Figuras como el ex-presidente de EE. UU. Donald Trump y el vicepresidente JD Vance han pedido cerrar las fronteras europeas, argumentando que la llegada masiva de inmigrantes habría “destruido” la convivencia. Comentarios similares provienen del canciller austriaco Christian Stocker y del primer ministro húngaro Peter Magyar, quienes vinculan los actos vandálicos a “actitudes traídas por la migración”.
Ruptura de la calma en Barcelona
El estallido social no se limita a la península itálica y Galo-Francesa. En Barcelona, la madrugada del sábado se registraron altercados que dejaron 23 comercios dañados, entre ellos el histórico Café Zurich en la plaza Catalunya, cuyas sombrillas fueron incendiadas. La policía catalana, los Mossos d’Esquadra, contabilizó 128 detenidos, de los cuales 72 eran menores de edad. Las autoridades locales describen el episodio como un posible “efecto espejo” de las movilizaciones juveniles en Francia.
El alcalde Jaume Collboni expresó su solidaridad con los comerciantes afectados y garantizó el apoyo del ayuntamiento para reparar los daños. La consellera de Interior, Núria Parlon, mantuvo activo el dispositivo policial y no descartó nuevas detenciones mientras continúan las investigaciones para identificar a los autores de los saqueos.
En conjunto, estos hechos reflejan una tensión creciente entre la liberalización de los mercados de transporte y la estabilidad social en varios países europeos. La combinación de burocracia ferroviaria, competencia desleal y protestas masivas plantea un reto multidimensional para los gobiernos que, entre la reforma de infraestructuras y la gestión del orden público, deberán equilibrar intereses económicos y demandas ciudadanas.
