La Mesa del Congreso con mayoría del PSOE y Sumar ha rechazado las enmiendas presentadas por el PP y Junts para instar al presidente Pedro Sánchez a convocar elecciones generales anticipadas. Esta decisión ha generado un intenso debate político, ya que se argumenta que el Congreso no puede pronunciarse sobre una competencia que, según la Constitución corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno.
Sin embargo, esta postura parece contradictoria con precedentes recientes. En múltiples ocasiones, la Mesa ha permitido votaciones sobre temas que también son competencia exclusiva del Ejecutivo, como la presentación de los Presupuestos Generales del Estado o la política exterior. ¿Por qué, entonces, se veto esta vez?
Precedentes que cuestionan la decisión actual
En octubre de 2026, la Mesa aprobó una moción consecuencia de interpelación urgente que instaba al Gobierno a presentar los Presupuestos, a pesar de que esta es una prerrogativa constitucional exclusiva del Ejecutivo. La moción fue aprobada con 171 votos a favor y 166 en contra. Este ejemplo demuestra que el Congreso puede emitir pronunciamientos sobre competencias del Gobierno sin que esto implique una invasión de sus atribuciones.
Otro caso relevante ocurrió en febrero de 2026, cuando Junts logró que la Mesa tramitara una proposición no de ley (PNL) pidiendo al presidente que planteara una cuestión de confianza. Aunque la Constitución establece que solo el presidente puede plantear esta cuestión, el Congreso puede instarle a hacerlo, sin obligarlo. Esta distinción es clave: las mociones y PNL no obligan, solo instan.
La política exterior y otras competencias exclusivas
El artículo 97 de la Constitución establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, pero el Congreso puede instarle a modificar su enfoque. En mayo de 2026, el Congreso aprobó una moción que instaba al Gobierno a recuperar la neutralidad activa de España respecto al Sáhara Occidental entre otros puntos. Esta moción, presentada por el PP, fue aprobada con siete de los ocho puntos propuestos.
Además, el Congreso ha votado sobre temas como el cese de ministros. En septiembre de 2026, la Cámara aprobó una moción que instaba al presidente a cesar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo debido al fiasco de las pulseras antimaltrato. Aunque el cese de ministros es competencia del presidente, el Congreso puede pedirle que ejerza esta potestad.
La percepción ciudadana y el caso Zapatero
Mientras tanto, la opinión pública sigue dividida sobre el caso Zapatero. Una encuesta reciente revela que el 64% de los votantes del PSOE cree que Pedro Sánchez debería agotar la legislatura a pesar de la investigación judicial contra el expresidente. Solo el 22,8% considera que debería adelantar las elecciones.
Sin embargo, el 60% de los ciudadanos ve indicios de corrupción en el caso de Zapatero. El 35,7% lo considera un claro caso de tráfico de influencias y corrupción mientras que el 24,8% ve indicios reales de corrupción mezclados con un uso político del caso. La percepción varía significativamente según la afinidad política de los encuestados.
Mientras tanto, el caso Zapatero sigue influyendo en la opinión pública y en las decisiones políticas del Gobierno.
