En un movimiento estratégico, la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional ha solicitado asumir la investigación sobre la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, durante la crisis migratoria que sacudió la ciudad autónoma a finales de julio de 2026.
Esta solicitud surge en medio de una compleja red de denuncias y querellas presentadas por diversas organizaciones, incluyendo Manos LimpiasVox y Hazte Oír que cuestionan la respuesta de las autoridades ante las advertencias previas sobre la llegada masiva de inmigrantes.
La solicitud de inhibición y la unificación de investigaciones
La jueza Tardón ha emitido una providencia dirigida a la juez María Luz Lozano Gago, quien instruye la denuncia presentada contra Pérez Triano. En este documento, Tardón solicita que se valore la posibilidad de inhibirse y remitir la causa a la Audiencia Nacional, con el fin de unificar todas las investigaciones relacionadas con la crisis migratoria.
«Dada cuenta de las informaciones obtenidas en los diferentes órganos judiciales de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, respecto de las causas que se siguen en los mismos por las conductas delictivas derivadas de la entrada masiva irregular de inmigrantes procedentes del territorio de Marruecos en la Ciudad Autónoma de Ceuta que tuvo lugar entre los días 30 y 31 de julio de 2026, se ha tenido conocimiento de que en la Plaza nº 6 se siguen las DPA 473/2026 por causa de una denuncia o querella contra el delegado del Gobierno de Ceuta», afirma la providencia.
La postura de la Fiscalía
La Fiscalía de Ceuta ya había solicitado previamente la inhibición a favor de la Audiencia Nacional, argumentando que los hechos denunciados son los mismos que investiga la jueza Tardón. Los fiscales sostienen que la actuación atribuida al delegado del Gobierno no puede analizarse de forma separada de las diligencias que ya dirige la Audiencia Nacional sobre los acontecimientos ocurridos a finales de julio en Ceuta.
«El esclarecimiento de los hechos exige examinar de manera conjunta la intervención de todas las autoridades que participaron, directa o indirectamente, en la gestión de la crisis migratoria», señalan los fiscales. Esta postura refuerza la solicitud de Tardón de unificar las investigaciones en un único procedimiento.
Las denuncias y las acusaciones
Las denuncias presentadas por las organizaciones mencionadas acusan al delegado del Gobierno de imprudencia grave al no haber impedido la invasión de una parte del territorio nacional. Según estas acusaciones, Pérez Triano conocía las alertas previas de los servicios de inteligencia, incluyendo las emitidas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta acordó acumular las querellas presentadas por Vox y Hazte Oír a las diligencias ya abiertas tras la denuncia inicial de Manos Limpias. Esta acumulación de denuncias refleja la gravedad de los hechos y la necesidad de una investigación exhaustiva.
La dimisión del jefe de Gabinete
En un desarrollo reciente, el jefe de Gabinete del delegado ceutí, Gonzalo Sanz, presentó su dimisión. Sanz afirmó que había recibido las alertas del CNI sobre una entrada masiva de personas en la ciudad, lo que añade un nuevo elemento a la investigación en curso.
«El aviso del CNI sobre una entrada masiva de personas en la ciudad le llegó a mi subordinado», manifestó Pérez Triano. Esta declaración ha sido crucial en la investigación, ya que plantea preguntas sobre la cadena de mando y la responsabilidad en la gestión de la crisis.
La gravedad de los hechos
La jueza Tardón ha subrayado la gravedad de los hechos, calificándolos como un ataque grave contra la integridad territorial de España garantizada en el artículo 2 de la Constitución. La resolución dictada en la causa abierta tras una denuncia de Iustitia Europa señala que la investigación no se limitará a buscar a los presuntos incitadores de la oleada de inmigrantes, sino que se extenderá a cómo actuaron las autoridades españolas con la información de que disponían para evitar lo sucedido.
«Habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con tal entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes, vulnerando la frontera española […], tales como la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva», afirma la resolución.
Esta investigación es crucial para entender las fallas en la gestión de la crisis y para garantizar que se tomen las medidas necesarias para evitar futuros incidentes similares.
