El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha reconocido públicamente que mantiene conversaciones con Vox con el objetivo de contrarrestar la candidatura conjunta anunciada por el PSOE y otras formaciones de izquierda para el Senado. Feijóo ha subrayado que las negociaciones se están desarrollando con discreción y respeto y ha señalado la necesidad de impedir que la Cámara Alta quede en manos del denominado «sanchismo».
El contexto de esta estrategia política se vincula a dos elementos clave: las elecciones previstas para el 29N y la posibilidad de que una mayoría amplia de derechas —si alcanza los tres quintos del Senado— pueda influir en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional y vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Feijóo ha recordado además que Vox dispone ya de cinco senadores de origen autonómico fruto de pactos regionales.
Motivaciones y límites expresados por Feijóo
En una entrevista televisiva, Feijóo defendió que su intención es mantener una postura de Estado y marcar límites a las exigencias de Vox: «Ellos saben hasta dónde podemos llegar y que tenemos sentido de Estado», afirmó. La negociación, según el dirigente popular, tiene dos propósitos concretos: sostener la mayoría absoluta del PP en algunas provincias y tratar de sumar para alcanzar la cifra de tres quintos que permitiría decidir nombramientos de alto impacto institucional.
Feijóo ha explicado que la fórmula de entendimiento entre ambas formaciones no es nueva: existe ya un marco de negociación en varias comunidades autónomas donde el PP gobierna y ha pactado con Vox la designación de senadores autonómicos. Estas experiencias regionales sirven de referencia para explorar acuerdos de listas conjuntas en circunscripciones donde la fragmentación de la derecha podría ceder escaños al PSOE o a candidaturas del bloque progresista.
Opciones sobre las listas del Senado y su efecto institucional
Existen dos vías técnicas que se han planteado en el debate público y que Feijóo ha señalado implícitamente sin detallar de forma exhaustiva. La primera consiste en que Vox retire candidaturas en determinadas provincias para facilitar una lista única de la derecha, posibilidad que en la práctica se traduce en fórmulas tipo «2+1» en las que la fuerza mayoritaria presenta dos nombres y cede uno a un tercero afín. La segunda alternativa pasa por ceder puestos de senadores designados por los parlamentos autonómicos, donde el reparto depende de la representación en cada cámara regional.
Si la suma llegara a los tres quintos del Senado, el bloque de derechas tendría capacidad para proponer cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y diez vocales del CGPJ lo que cambia de manera relevante el equilibrio de poder judicial y constitucional en España. Por eso, en el debate político se ha puesto especial atención sobre la eventualidad de que PP y Vox logren ese umbral.
Reacciones internas y candidaturas: Madrid y otros nombres
En el seno del PP continúa la discusión sobre las listas electorales para el 29N. Feijóo ha dejado entrever quién podría acompañarle en la papeleta de Madrid y ha lanzado indicios que apuntan a Cayetana Álvarez de Toledo como una candidata con opciones para ocupar el número dos por la provincia. En la anterior cita electoral, Álvarez de Toledo ya figuró en la lista y su perfil vuelve a mencionarse públicamente por su postura sobre asuntos clave como la amnistía y exigencias de comparecencias en comisiones sensibles.
Además, el PP ha empezado a hacer públicos algunos candidatos en provincias como Barcelona, donde figura el nombre de Xavier García Albiol y ha colocado a varios de sus vicesecretarios al frente de candidaturas provinciales. No obstante, a diferencia del PSOE, el PP no ha cerrado aún listas completas para el 29N, lo que deja margen para que las negociaciones con Vox sigan activas y sujetas a la discreción acordada entre ambas formaciones.
Impacto en la estrategia de la izquierda y presión de la sociedad civil
La respuesta del campo progresista ha sido articular candidaturas conjuntas para maximizar su representación en el Senado y contrarrestar el potencial avance de la derecha. Grupos de la sociedad civil han alertado sobre el riesgo institucional que supondría una mayoría conservadora en la Cámara Alta, considerando que podría condicionar la renovación de órganos constitucionales y judiciales.
En este escenario, la negociación entre PP y Vox se presenta como una pieza decisiva de la campaña: su alcance y los límites que cada parte esté dispuesta a aceptar determinarán en buena medida la configuración del Senado tras el 29N y, por extensión, la influencia sobre instituciones clave como el Tribunal Constitucional y el CGPJ.
