El 14 de junio de 2026, los ciudadanos suizos se pronunciaron en un referéndum que podría haber cambiado el curso demográfico del país. La iniciativa, conocida como «No a una Suiza de 10 millones», buscaba limitar la población a ese número para el año 2050. Sin embargo, el no obtuvo el respaldo del 54,2% de los votantes, rechazando así la propuesta.
La participación en este referéndum superó el 55% una cifra significativa en un país donde la democracia directa es una práctica común. Este resultado refleja la importancia del debate sobre la inmigración y el crecimiento demográfico en la política suiza. La jornada también coincidió con otra consulta federal sobre el servicio civil, que fue aprobada por los votantes.
División entre ciudades y zonas rurales
El presidente del Partido Popular Suizo (SVP/UDC) Marcel Dettling, atribuyó la derrota de la iniciativa a la división entre las ciudades y las zonas rurales. «El campo dijo muy claramente sí, pero las ciudades inclinaron la balanza», declaró a la televisión francófona SRF. Dettling sostuvo que el rechazo de la propuesta no resolverá los problemas que denunciaba la iniciativa, invitando a los responsables políticos a abordar estos temas.
Por otro lado, el presidente del Centro Philipp Matthias Bregy, afirmó que el crecimiento es un problema real, especialmente en las ciudades. «El crecimiento es un problema real. Lo saben quienes viven en las ciudades o utilizan el tren», dijo en la RTS. Bregy defendió una estrategia basada en un crecimiento «cualitativo» y no únicamente «cuantitativo», vinculada a una economía más innovadora.
Impacto en la economía y las relaciones con la UE
La diputada centrista de Zúrich, Yvonne Brgin, celebró el resultado, argumentando que los votantes rechazaron una solución rígida al problema demográfico. » Eso es lo que no quiere el pueblo», declaró a la radiotelevisión pública suiza SRF.
La diputada ecologista Clarence Chollet también celebró el resultado, calificándolo como «una excelente noticia para nuestras relaciones con la Unión Europea y con el resto del mundo». Según afirmó en la RTS, el posible impacto de la iniciativa sobre las relaciones entre Suiza y Bruselas fue uno de los argumentos que más influyó en los votantes.
De haber triunfado la iniciativa, Suiza se habría convertido en el primer país europeo en fijar constitucionalmente un objetivo demográfico explícito vinculado a la inmigración. La iniciativa preveía obligar al Gobierno a intervenir cuando la población alcanzara los 9,5 millones de habitantes. Las medidas se centraban en la inmigración, el asilo y la reunificación familiar. Como último recurso, el texto contemplaba incluso revisar o denunciar el acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea.
Consecuencias económicas y demográficas
Actualmente, Suiza cuenta con 9,1 millones de habitantes frente a los 7,3 millones que tenía en 2002. Más de una cuarta parte de la población residente es extranjera. La inmigración constituye el principal motor de ese crecimiento en un país donde la natalidad se encuentra en mínimos históricos.
Para los promotores de la iniciativa, el país se acerca a sus límites físicos y sociales. Argumentaban que el crecimiento de la población agrava la escasez de vivienda, encarece los alquileres, satura las infraestructuras de transporte y aumenta la presión sobre los servicios públicos. Sus detractores sostenían, por el contrario, que restringir la inmigración pondría en riesgo el crecimiento económico, agravaría la escasez de mano de obra y podría complicar las relaciones con la Unión Europea.
Los sectores económicos temían una creciente escasez de mano de obra. Más de 360.000 trabajadores transfronterizos cruzan cada día las fronteras suizas para trabajar en hospitales, industrias tecnológicas, empresas farmacéuticas, fábricas de relojería y servicios públicos. Un estudio reciente del Instituto Demográfico de Zúrich calculó que la aprobación de la iniciativa podría haber provocado un déficit de hasta 329.000 trabajadores a tiempo completo en 2050.
La consulta también tenía una importante dimensión europea. Si el límite de población hubiera acabado obligando a restringir la libre circulación de personas, Suiza podría haberse visto forzada a renegociar algunos de los acuerdos que regulan sus relaciones con Bruselas. La Unión Europea sigue siendo, con diferencia, el principal socio comercial de Suiza y una ruptura habría generado incertidumbre económica y empresarial.
