El Ayuntamiento de Sevilla, bajo la batuta de José Luis Sanz presentó a principios de este año una ordenanza destinada a regular la cesión temporal de la Plaza de España, uno de los Bienes de Interés Cultural más emblemáticos de la ciudad. Según el borrador, cualquier actividad –desde conciertos hasta ferias– no podrá superar los 45 días naturales de ocupación, contabilizando montaje, desarrollo y desmontaje. Se contemplan excepciones para eventos consecutivos que reutilicen la misma infraestructura, con un máximo conjunto de 60 días, y para actos de especial complejidad técnica, que podrían contar con 15 días adicionales exclusivamente para montaje y desmontaje.
Además, la normativa establece sanciones de hasta 30.000 euros para infracciones graves, como la realización de actos sin autorización demanial o la falta de cumplimiento de normas de seguridad y evacuación. Todo proceso de concesión deberá observar los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación garantizando que la cesión nunca implique un derecho de propiedad o posesión sobre el espacio público.
Reacciones políticas y posibles obstáculos
El Consejo de Gobierno de Urbanismo votó este martes en contra de la propuesta, con Vox y la coalición Con Podemos-IU expresando su rechazo, mientras el PSOE se abstuvo. Vox criticó la falta de acuerdos previos y señaló que la ordenanza deja “incertidumbres” sobre la concesión de usos plurianuales y la responsabilidad de los solicitantes. Desde su posición, la formación de Abascal exigió una regulación más exhaustiva que contemple criterios claros para evitar cesiones discrecionales.
Ante el revés, el alcalde Sanz advirtió que, si la ordenanza no avanza en el pleno municipal, el Ayuntamiento seguirá sin poder reclamar la protección del espacio frente a problemáticas como la presencia de vendedores ambulantes, la falta de vigilancia permanente y el deterioro del mantenimiento. «Una posible derrota no anula la necesidad de preservar la Plaza», enfatizó el alcalde, recordando que el objetivo de la norma es reforzar la custodia de uno de los monumentos más visitados de España.
Obras de gran escala y la supresión del artículo controvertido
Paralelamente, el gobierno municipal está apostando por finalizar antes de fin de año cinco obras de gran envergadura, parte de un plan de 380 millones de euros que incluye la reurbanización de la calle Pagés del Corro, el eje Puerta Osario-Campana, la Plaza Nueva y la recuperación de la SE-20. Estas intervenciones forman parte de una estrategia de urbanismo social que abarca 354 actuaciones en todos los barrios, aunque solo 21 se centran en el Casco Antiguo.
En el marco de la nueva ordenanza, se ha eliminado el artículo 16 que, en su redacción original del 27 de julio, permitía la cesión “a dedo” de la Plaza de España a promotores privados bajo conceptos amplios como “interés turístico”. La supresión, aprobada el 30 de septiembre por el delegado de Urbanismo Juan de la Rosa, impide la adjudicación directa sin concurso público y responde a la polémica surgida tras la cena de gala de la revista Escaparate en la plaza Virgen de los Reyes, evento que había generado sospechas de privatización opaca. Ahora, cualquier solicitud de uso, ya sea institucional o privada, deberá pasar por los cauces habituales de transparencia y publicidad.
En conjunto, la discusión sobre la ordenanza y la puesta en marcha de las obras mayores reflejan el escenario complejo que enfrenta la administración de Sanz: equilibrar la promoción turística y cultural de la Plaza de España con la necesidad de salvaguardar su patrimonio, al tiempo que se cumplen ambiciosos objetivos de transformación urbana antes del cierre del mandato.
