El pasado lunes, la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió una resolución que desestima la petición de la Comunidad de Madrid para que la Delegación del Gobierno proceda al desalojo inmediato de la acampada instalada frente a la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. La solicitud había sido presentada como medida cautelarísima, argumentando que la permanencia del campamento vulneraba la actividad administrativa, comercial y turística de la zona.
Decisión del TSJM y su fundamento jurídico
El tribunal reconoce la existencia de una situación de especial urgencia pero insiste en que cualquier orden de desalojo debe respetar el principio de proporcionalidad y, sobre todo, debe garantizar el derecho de reunión consagrado en la normativa constitucional. Los magistrados advierten que un desalojo forzado podría conllevar la necesidad de emplear medidas de compulsión física por parte de la Policía, lo que consideraron una consecuencia irreversible y desproporcionada.
Petición de la Comunidad de Madrid y argumentos presentados
El ejecutivo autonómico, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, interpuso el recurso el 1 de octubre, alegando que la ocupación, que comenzó el 27 de septiembre tras el desahucio de la anciana Maricarmen, estaba dañando la fachada de la Real Casa de Correos y la estatua del Oso y el Madroño, afectaba la higiene y los accesos sanitarios, y perjudicaba a los comercios locales. Además, la Comunidad sostuvo que la acampada interfería con actos programados para el 12 de octubre, una fecha de gran relevancia institucional.
Ante la ausencia de argumentos de la Abogacía del Estado el TSJM decidió tramitar la solicitud por la vía ordinaria de medidas cautelares y concedió a la Delegación del Gobierno hasta el miércoles 7 de octubre a las 09:00 horas para presentar sus alegaciones. El tribunal subrayó que necesita conocer los motivos por los cuales la Delegación no ha adoptado la actividad requerida por la Comunidad, antes de poder dictar una medida de fuerza.
Mientras tanto, tanto el Ayuntamiento de Madrid como la propia Comunidad de Madrid continúan instando al Gobierno central a que se levante la ocupación, argumentando que la protesta, aunque legal, genera un perjuicio económico y patrimonial considerable. La decisión del TSJM mantiene, por ahora, el statu quo y deja abierta la posibilidad de que el conflicto judicial se prolongue, dependiendo de la respuesta que emane de la Administración General del Estado.
