La Unión Europea ha dado un paso significativo al aprobar la creación de centros de deportación de migrantes en terceros países. Esta medida, que sigue la estela de políticas más estrictas impulsadas por la ultraderecha, ha generado una intensa polémica entre las organizaciones humanitarias y los defensores de los derechos humanos.
El nuevo reglamento, parte del Pacto de Migración y Asilo, permite a los Estados miembros establecer centros de deportación en países fuera de la UE, incluso para familias con menores. Esta decisión busca acelerar el proceso de retorno y aumentar las expulsiones de personas que no tienen derecho legal a permanecer en la Unión Europea.
Un acuerdo histórico con dudas legales
Según la presidencia de turno de la UE, que actualmente ostenta Chipre, estos centros podrán funcionar tanto como destino final para las personas expulsadas como centros de tránsito para facilitar su posterior retorno al país de origen o a otro tercer país. Sin embargo, el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno seguirá siendo voluntario y será reevaluado dos años después de la entrada en aplicación del reglamento.
Nicholas A. Ioannides, viceministro de Migración y Protección Internacional de la República de Chipre, ha declarado que «el nuevo reglamento acelerará el proceso de retorno y aumentará las expulsiones de las personas que no tienen derecho legal a permanecer en la Unión Europea. La migración es una prioridad fundamental para la Presidencia chipriota y este acuerdo histórico refuerza la credibilidad de la política migratoria de la UE y complementa el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, siempre en cumplimiento de los derechos humanos».
Críticas y preocupaciones
Las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los inmigrantes, como Picum, han avisado de que se pueden dar problemas de rendición de cuentas y supervisión de los derechos humanos, riesgos de deportaciones en cadena hacia países inseguros, detenciones arbitrarias y numerosas otras vulneraciones de los derechos humanos y del derecho internacional.
Silvia Carta, directora y responsable de incidencia política de Picum, ha denunciado que «este reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y deportación. Al otro lado del Atlántico, vemos la violencia y el miedo que genera la brutal aplicación de las leyes de inmigración por parte del ICE. Europa debería aprender de los daños que causa ese modelo, en lugar de construir su propia versión».
El caso de Italia y Albania
Italia, bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, ha sido pionera en la creación de centros de deportación de migrantes en Albania. Estos centros, que han tenido un coste millonario para Roma, han generado dudas sobre su efectividad y legalidad. Ahora, otros Estados miembros de la UE están buscando lugares dispuestos a acoger este tipo de centros de detención.
Países como Países Bajos, Dinamarca y Austria ya están explorando opciones en países africanos y en la parte oriental del continente europeo. Sin embargo, la versión final del texto incluye que familias con niños podrán ir a los centros de detención, lo que ha generado aún más preocupación entre las organizaciones humanitarias.
La pregunta ahora es si este marco europeo será suficiente como para que el reglamento se asiente ante las dudas legales que todavía generan los centros de Meloni en Albania. También el Reino Unido intentó hacerlo en Ruanda, pero la medida fue bloqueada por los tribunales.
